Bajo Fujimori, el Perú sufrió de una corrupción extrema con participación empresarial, caso ignorado por los enfoques convencionales, que se centran en los funcionarios públicos y la debilidad del Estado. La responsabilidad del empresariado es doble: sostuvo al régimen y hubo participación directa en casos de renta y corrupción. Hacia 2000, la difusión de videos de la corrupción llevó a una ruptura entre Fujimori y Montesinos. Los videos facilitaron la investigación del delito económico-empresarial gracias a tres factores: el impulso reformador que produjo la indignación moral, el fortalecimiento del Congreso, y la formación de juzgados anticorrupción. No tanto gracias al Ejecutivo, pues Toledo fue «capturado» por los intereses económicos.
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