Las políticas de desarrollo rural europeas puestas en marcha en la última década se han dirigido preferentemente a diversificar las oportunidades de obtener rentas complementarias a la agricultura. El progreso de este medio, sin embargo, necesita también de unas dotaciones públicas que contribuyan a obtener un nivel de calidad de vida adecuado para su población. Con este objeto la Comunidad Autónoma Vasca aprueba en 1998 una ley de desarrollo rural que está siendo referente para otras Comunidades Autónomas. Media década después se han dado pasos interesantes pero la voluntad que precedió a la redacción de la Ley no se ha materializado y su contenido queda así en entredicho.
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