El proceso de descentralización de la política de vivienda culminó con las transferencias en materia de vivienda y suelo desde la Administración central a las Administraciones territoriales hacia mediados de la década de los ochenta. Las comunidades autónomas y también los municipios han puesto en marcha sus propios programas de ayudas, que contienen estrategias propias y unos objetivos explícitos, a veces complementarios de los planes estatales y en otros casos constituyen medidas para actuaciones distintas, tanto en materia de suelo como de vivienda. Desde el punto de vista de la financiación de estas actuaciones, se analizará la estructura de las partidas presupuestarias destinadas a vivienda y suelo, en las que se pondrán de manifiesto el cada vez mayor peso de las comunidades autónomas en el contexto de la política de vivienda.
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