Las leyes españolas no permiten que jueces y magistrados puedan sindicarse o pertenecer a partidos políticos, pero se protege su derecho a defender colectivamente su estatuto profesional y la realización de actividades encaminadas al servicio de la Justicia en general. Las asociaciones de jueces y magistrados actúan como un vehículo de intervención e influencia, articulando pesos y contrapesos que permiten disponer de un Poder Judicial criticado, pero democrático.
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