El ordenamiento jurídico delimita las jurisdicciones que corresponden al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo. El primero actúa como intérprete supremo de la Constitución, mientras que el segundo es el supremo órgano jurisdiccional, salvo en materias de garantías constitucionales. Por lo tanto es al Tribunal Constitucional a quien corresponde fijar la interpretación de la Constitución, que debe ser respetada por el resto de los poderes públicos. Las confrontaciones entre ambas jurisdicciones surgen ante los Recursos de Amparo, la interpretación del Derecho Comunitario y los posibles cambios en el modelo territorial español
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