La prolija normativa que regula los numerosos bienes y derechos presentes en el tráfico rodado de poco serviría si el propio ordenamiento jurídico no dispusiera de un adecuado régimen sancionador para el caso de contravención de dichas normas. La potestad sancionadora está pues al servicio de la seguridad vial con la finalidad de reducir la alta siniestralidad; potestad plenamente legitimada en un Estado de Derecho.
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