La autora denuncia las constantes violaciones a los derechos humanos que padecen los indocumentados en la franja fronteriza de México y los Estados Unidos de América. Señala las políticas migratorias establecidas por el gobierno federal estadounidense, las cuales tratan al indocumentado como un peligro que amenaza a la sociedad estadounidense y el hecho de que la Agencia de Servicios Migratorios no previene los actos de violencia que se cometen en contra del inmigrante ilegal, además de que el sistema legal estadounidense no les concede la calidad de persona. Elabora un resumen de los derechos que otorga a "toda persona" la Constitución de los Estados Unidos de América y expone la interpretación que a los mismos se les ha dado por el sistema judicial estadounidense; examinando la cuarta y quinta enmiendas constitucionales y la sección 1981 del título 42 de la Ley Federal conocida como la Ley de Derechos Civiles, emanada de la decimotercera enmienda constitucional.
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