El autor denuncia como un atentado contra la figura del fideicomiso, las reformas a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, las cuales considera condenables y absolutamente negativas. Explica que el legislador arrojó por la borda todo el esfuerzo que en la jurisprudencia, doctrina y práctica se había realizado -a lo largo de siete décadas- para hacer más compresible tal figura en la práctica; con lo cual se dio una nueva arma a los impugnadores del fideicomiso para atacarla. Considera que estos inconvenientes pueden ser salvados, revirtiendo el daño que el decreto ha causado.
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