La industria azucarera mexicana sufrió reiteradas crisis de sobreproducción por desajustes estructurales entre oferta y demanda y, por su escasa competitividad, sólo exportó para paliar eventuales excesos de existencias que deprimían el precio interno, del que dependían sus ganancias. Este artículo analiza la respuesta del Estado a la acumulación de stocks tras la depresión de 1930, que puso en peligro la viabilidad de un sector clave en el empleo rural, basado en la expansión del mercado interno, la conversión del azúcar en un bien salario, la cartelización de su producción y su completo regularización por parte del Gobierno, que a cambio facilitó el acceso al crédito oficial para financiar las operaciones y expansión del negocio. El éxito del programa fue una de las hechos más destacadas de la política de intervención pública en la economía a partir de los años treinta.
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