La llegada de los socialistas al Gobierno tras las elecciones de marzo de 2004 ha supuesto un vuelco de la política del agua en España. El Ministerio de Medio Ambiente inició la reorientación de esta política mediante la adopción de un Decreto-Ley aprobado por el Consejo de Ministros en junio de aquel mismo año y convalidado a continuación por el Congreso de los Diputados, derogando el artículo de la Ley del Plan Hidrológico Nacional que contemplaba el trasvase del Ebro, y aprobando más de un centenar de actuaciones para incrementar la disponibilidad y calidad del agua.
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