En 1807, un niño de once años recibió en propiedad el oficio de procurador de número de la real audiencia de México. Este era un oficio público, de carácter patrimonial, fundamental para el funcionamiento diario del mecanismo de la institución encargada de la administración de justicia. ¿Fue dicha asignación un ejemplo palmario de la corrupción imperante en el aparato administrativo durante los últimos años del gobierno español en América? No es posible afirmarlo toda vez que el oficio le fue confirmado al chico cuatro años después por el Consejo de Regencia. A través de este ejemplo nos adentramos en el mundo de las instituciones de gobierno y justicia de una monarquía borbónica que ya ha atravesado sus mejores años de reformas, sólo para percatamos de la supervivencia de formas institucionales de empleos públicos creados en el bajo medioevo castellano, y que cambiaron poco desde el siglo XVII. La convivencia de este modelo de empleo con otros modelos innovadores en otras áreas de la administración pública, nos hace preguntamos sobre el carácter de la justicia y sus instituciones que prevalecía en la época borbónica. Y esto nos lleva a reflexionar en los resultados de la historiografía que se ha dedicado al tema, para buscar una propuesta historiográfica que nos explique el hecho.
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