En este artículo se estudia el mantenimiento de la estructura inquisitorial española por el archiduque Carlos y las circunstancias de la designación, por este, de inquisidor general en los territorios de la Monarquía bajo su obediencia. En dichos territorios el archiduque conservó, junto al resto de las instituciones, la administración propia del Santo Oficio. El problema especial lo planteó la necesidad, característica del gobierno de la Inquisición, de contar con la intervención del inquisidor general en el nombramiento de diferentes empleos pertenecientes a la misma. En consecuencia, el archiduque demandó y obtuvo del Papa el reconocimiento de su prerrogativa de realizar, como Rey Católico, el nombramiento de inquisidor general.
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados