Arturo Cajal Valero, Luis Castells Arteche
Tras la restauración de los Borbones en 1875 y la finalización de la guerra carlista, Cánovas del Castillo consideró que era el momento de abordar las especiales relaciones que mantenían las provincias vascas con el Estado. Aquéllas venían disfrutando de una situación por la cual estaban exentas de contribuir al fisco y de prestar el servicio militar, amparando esta peculiar condición en su régimen foral. Cánovas impulsó la Ley de julio de 1876 con el objetivo de modificar ese estado de cosas. Esta Ley suscitó una fuerte reacción en el País Vasco, viviéndose momentos de tensión como consecuencia del rechazo que originó entre ciertos sectores, y que fue encabezado por las instituciones forales. De todas maneras, ante las iniciativas de Cánovas no hubo una posición unánime en el País, delimitándose, a grandes rasgos, dos sectores: uno más partidario de la negociación con el ejecutivo y otro más cerrado a esta posibilidad. El objetivo del artículo es abordar la apasionante coyuntura que transcurrió a lo largo de 1876-1877, y analizar unos hechos que han marcado la historia posterior del País Vasco.
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