A pesar de que un gran número de leyes regias establecían la pena de muerte como castigo para ciertos delitos, una abundante literatura jurídica comenzó a fijar una serie de principios y criterios doctrinales y morales para restringir la aplicación de la pena capital. Los resultados del estudio de las decisiones de la Real Audiencia de Galicia entre los siglos XVI y XVIII parecen demostrar que los jueces de ese alto tribunal de la Monarquía se guiaban más por la doctrina, teórica y práctica, que por la literalidad de las leyes. Esto implica que sean muy concretos, en comparación a todos los casos juzgados, aquellos supuestos en que los reos fueron ejecutados. El arbitrio judicial mitigó la aplicación de la ley penal, pero también sirvió a la política criminal de la Corona
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