Antes de que la ley indígena de 1993 reconociera la existencia del pluralismo cultural en el territorio nacional y sentara las bases de la participación de las "etnias chilenas" en las políticas aplicadas por el Estado, los pueblos autóctonos eran meros objetos del derecho. En efecto, la política indígena implementada por el Estado chileno desde su independencia fue fundamentalmente caracterizada por la voluntad de asimilar a los autóctonos. En esta artículo analizamos la naturaleza de las relaciones que la Nación chilena (imaginada como homogénea y europea) y el Estado (centralista y en busca de unidad territorial) establecieron con los mapuches, uno de los pueblos indígenas más numerosos de América Latina
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