A las Comunidades Autónomas les corresponde una parte importante del saldo vivo de la deuda pública española. Siguiendo el compás de la asunción de competencias, su peso ha sido creciente en el conjunto de la administración pública en los últimos años, pasando de suponer menos del 2.0% del PIB nacional a principios de los noventa, a un 7% sobre el PIB al cierre de 1997. Este cambio cuantitativo ha venido acompañado de varios cambios cualitativos significativos como son el proceso de desbancarización de su endeudamiento y su diferenciación frente a la renta fija privada.
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