Con la aparición de la Ley Sarbanes-Oxley se ha conseguido reforzar significativamente la defensa de los intereses de los accionistas y del resto de los agentes afectados por la información financiera. La empresas americanas, las residentes en España y aquellas no americanas pero vinculadas a los mercados de valores americanos se han visto obligadas a tener en cuenta más de cincuenta exigencias en materia de buen gobierno, la mitad de las cuales refuerzan o se añaden a las que existen actualmente en nuestro país. Sin embargo, el desarrollo de estas obligaciones no tiene porque suponer un coste adicional, ya que sólo se están fijando criterios más exigentes y estableciendo limitaciones en el papel de determinados actores del buen gobierno, y sí marcarán en un futuro próximo una distancia considerable con respecto a la competencia.
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados