Atendido el Estado del Arte y el contexto del comercio y el uso de documentos y firmas electrónicas en Bolivia, en el marco de una consultoría del BID se ha preparado y presentado a trámite parlamentario un proyecto de ley ad hoc. Por su contenido esencial, sólo referido a estos temas y dejando para normas específicas temas como el tratamiento de datos personales o los delitos informáticos, a diferencia del Derecho Comparado se propone un sistema en que la prestación de servicios de certificación electrónica no sea libre sino que regulada por el Gobierno de Bolivia
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