Un análisis sobre cómo la Constitución y la Ley reconocen el derecho de propiedad privada y garantizan su ejercicio, pero sus regulaciones condicionan y restringen cada vez con mayor rigor el uso o utilización de los bienes inmuebles. Los planes de desarrollo de los distintos niveles -nación, regiones, departamentos, áreas metropolitanas, distritos, municipios- han generado una profusa legislación que entraba el libre ejercicio de este desarrollo en lo concerniente a su utilización, en la ejecución de los propósitos de un Estado Social de derecho.
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