Aunque el Tratado de Roma ya contemplaba el derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios, hasta 1985, fecha de aparición del Libro Blanco para la consecución del mercado interior, el sector terciario no había sido objeto de atención dentro del marco global de las políticas comunitarias. A partir de esa fecha, la acción comunitaria sobre los servicios se ha ido incrementando notablemente hasta llegar al momento actual, en el que la regulación de este sector resulta clave, en la medida en que las economías europeas son esencialmente economías de servicios
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