Modelos de financiación pública de las residencias para personas mayores. Análisis comparativo por comunidades autónomas

• Autores: Sagrario Anaut Bravo, Camino Oslé Guerendiáin
• Localización: Revista española de geriatría y gerontología: Órgano oficial de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, ISSN-e 1578-1747, ISSN 0211-139X, Vol. 41, Nº. 4 (Julio / Agosto), 2006, págs. 212-222
• Idioma: español
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• Resumen

  • Introducción: se presenta un estudio comparativo de los modelos de financiación pública de las residencias para personas mayores a partir de la normativa autonómica vigente.

    Material y método: se ha procedido a recoger y analizar toda la normativa vigente en las diferentes comunidades autónomas (CCAA) acerca de residencias para personas mayores. Para ello se ha realizado una búsqueda exhaustiva en diversos servidores y se ha confeccionado un cuestionario. Los ejes temáticos del mismo eran: legislación específica referida a personas mayores, datos generales acerca de las residencias y normativa y datos cuantitativos acerca de su financiación. A ello se suma la aportación obtenida de la bibliografía existente.

    Resultados: se constata que la intensa labor legislativa de las CCAA en la última década en materia de políticas sociales para personas mayores y dependencia ha consolidado un modelo-base de financiación pública de las residencias. Este modelo se ha centrado en 3 áreas: inversiones, funcionamiento y ayuda directa a los usuarios, y en una tipología de beneficiario que se ajusta a ellas. Igualmente, se ha puesto de manifiesto la diversidad de propuestas y actuaciones que incorpora la normativa autonómica, dando forma a una serie de modelos autonómicos de financiación pública que introducen diferencias organizativas y de acceso a los servicios y prestaciones por parte de las personas mayores.

    Discusión: los resultados apuntan a que el usuario o su familia son la principal fuente de financiación de las residencias. Los modelos autonómicos de financiación pública se han centrado en garantizar el derecho de los mayores, sobre todo dependientes, a ser atendidos en las residencias y en completar la función social que corresponde a las administraciones públicas. Obviamente, ello está en relación con una prolija normativa sobre financiación para el funcionamiento de las residencias.