El ferrocarril es la primera empresa moderna que fue regulada y, en algunos casos, gestionada directamente por el Estado como una compañía pública. En el siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial, la cuestión del control de los ferrocarriles constituyó una importante prueba para las teorías liberales, al igual que para la hipótesis de la centralización del estado. En Inglaterra se optó por el free trade, mientras que en países como Francia se sellaron alianzas con las grandes copañías, muy reguladas por el Estado central. En otros países, el Estado acabó por asumir el control público de las líneas ferroviarias que no habían funcionado bien en el sistema privado (por ejemplo, Bélgica). En Alemania, tanto el Estado Imperal como los distintos Estados alemanes anteriores a la unificación jugaron un papel importante. Entretanto, Suiza fue el primer país que realizó la transición desde un sistema de explotación privada a otro de gestión pública. En Italia, los modelos de gestión de ferrocarril adoptados en el extranjero constituyeron un punto de referencia constante en los debates entre los partidarios de control del estado y partidarios del liberalismo. Pero la nacionalización del sistema ferroviario vino determinada más por el inmovilismo político, el impulso de las corporaciones y los impedimentos recíprocos entre los prinicpales intereses económicos en juego que por una elección clara sobre lo que era el interés general, revelando de este modo la falta de adecuación de muchos miembros de la clase política y la élite nacional.
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