El artículo examina el proceso de medición y reparto de los resguardos indígenas en la Nueva Granada y sostiene que este proceso estuvo cargado de conflictos interminables. Demuestra cómo los prejuicios basados en percepciones de diferencias de etnicidad y de género jugaron un papel crítico en desatar conflicto cuando se intentó privatizar a los resguardos. El enfoque de las luchas se centró sobre el agrimensor: el que tenía el poder de nombrar al agrimensor podía controlar -en gran parte- la forma como las parcelas de los resguardos iban a ser distribuidas. Al nombrar agrimensores entrenados en el Colegio Militar, los gobernadores de Bogotá consolidaron su poder político sobre la medición y el reparto de resguardos, legitimaron un proceso cuyas reglas fomentaban la discriminación étnica y de género, y promovieron la reputación de ingenieros entrenados en el Colegio Militar como técnicos hábiles y neutrales, a pesar de los errores que estos también cometieron.
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