Las grandes empresas y grupos financieros han logrado acumular un poder extraordinario durante los últimos decenios, consiguiendo imponer políticas económicas en las que el incremento continuo del beneficio es la tendencia dominante. Para ello, se han generalizado las políticas de control salarial, con pérdidas de derechos laborales y la extensión de modelos de contratación precarios y de bajos salarios. La principal consecuencia de estas políticas es que crecen las asimetrías y las desigualdades de renta de una forma tal que el bienestar de los ciudadanos y la calidad de la democracia comienzan a verse comprometidos.
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