La revolución técnica está produciendo un importante cambio social e institucional, tanto por su rapidez como por la gran magnitud de sus consecuencias. Esto es así hasta el punto de que el ritmo con el que crece en los países más avanzados la denominada "sociedad de la información" es en progresión geométrica con respecto al desarrollo social, lo que contribuye a acrecentar las desigualdades. Para el autor, esta aceleración y globalización sobrepasan los meca-nismos sociales de ajuste legislativo, violentando las concepciones tradicionales del Derecho. La consecuencia es la asunción de riesgos que deben ser prevenidos por las Administraciones Públicas, obligadas a tomar medidas para garantizar la seguridad informática. Algunas de estas propuestas son analizadas en este artículo por el autor desde la vertiente jurídica.
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