La preocupación de la legislación forestal por la defensa de la titularidad pública de los montes, y en definitiva por la protección jurídica de los montes públicos catalogados queda de manifiesto con la elevación a obligatoria de la inscripción registral de los mencionados montes, estableciendo al respecto la legislación sobre montes diversos instrumentos jurídicos para hacer efectivo dicho mandato legal, que van desde la certificación administrativa específica de dominio, hasta la resolución administrativa aprobatoria con carácter definitivo del deslinde.
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