En los últimos años, la elevada presencia de mujeres inmigrantes entre las trabajadoras sexuales está resignificando el discurso oficial y la opinión mediática en torno a la población femenina inmigrante. La restrictiva política inmigratoria, así como el no-reconocimiento de la prostitución como actividad laboral y el fuerte estigma social que la acompaña, aumenta la vulnerabilidad y el abuso sobre estas mujeres ante la ley, las redes de tráfico de personas, los clientes y la sociedad en general.
La condena de la autonomía sexual y la independencia económica de estas mujeres son factores decisivos en la perpetuación de su estatus de ilegalidad.
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