En este artículo se aborda uno de los puntos esenciales en la relación entre la protección medioambiental y el Sector Público. Se trataría de justificar la intervención del Sector Público en dicha protección medioambiental a través del esquema, ya clásico, de los fallos del funcionamiento del mercado. Este falla en la asignación óptima de recursos ambientales por sus peculiaridades de bienes libres, públicos y de mérito y, fundamentalmente, por su propia característica de efectos externos, sin olvidar el fallo redistributivo, por lo que el Sector Público podría verse legitimado a intervenir para conseguir la asignación óptima de recursos y una mejor redistribu-ción de renta y riqueza.
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