La política agraria en España ha sido escenario en las últimas dos décadas del proceso más importante de cambios registrado en toda su existencia consecuencia, tanto del ingreso en la Unión Europea y la aplicación de una Política Agrícola Común en constante proceso de cambios, como por las modificaciones registradas en el comercio mundial en proceso de globalización.
El resultado de todas estas modificaciones ha sido la existencia de un sector agrario que no se parece en nada al que existía en 1986. Hay sectores que se han logrado adaptar a las nuevas exigencias de la producción y los mercados. Otros que han perdido posiciones frente a la competitividad del resto de los países comunitarios y otros que han cerrado. En conjunto se puede hablar de un sector agrario donde se ha reducido drásticamente la población ocupada con la eliminación de cientos de miles de explotaciones, bien por la jubilación de sus propietarios, o simplemente por la imposibilidad de seguir en el sector por su estructura minifundista y no tener una estructura competitiva.
Según los datos estadísticos que se hallan generalmente muy por detrás de lo que realmente ha sucedido, frente a los 1.600.000 ocupados que había en el sector agrario en 1986, en la actualidad esa cifra ha bajado a unos 850.000. El sector agrario cuenta hoy con más de un millón de explotaciones, aunque la realidad es que los profesionales se sitúan solamente en unos 350.000 y que la participación del campo en el empleo ha pasado en el mismo periodo de superar el 15% a menos del 5%.
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