Durante el Antiguo Régimen era costumbre bastante generalizada la enajenación de determinados cargos públicos, es decir, la privatización de los beneficios que dichos cargos reportaban. Se trataba de una política que llevó a cabo la Corona bien para obtener una liquidez monetaria inmediata, en los casos de venta, o para excusarse de realizar determinados pagos por servicios prestados en los de "donación graciosa". Y, lógicamente, entre los oficios privatizados se encontraban también las alcaidías de las cárceles, sobre todo las de aquellas situadas en ciudades populosas como, por ejemplo, la de Zaragoza.
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