El acceso de los ciudadanos a una vivienda digna y asequible es básico para asegurar la integración social y el desarrollo de una vida autónoma en condiciones favorables. Por ello, el derecho a la vivienda debe ser contemplado como una prioridad dentro de las políticas públicas del Estado de Bienestar, siendo necesario promover viviendas protegidas con equipamientos suficientes, haciendo del suelo un bien social no especulativo.
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