El artículo replantea el papel que debe jugar el Protectorado ante la gestión, por parte de las fundaciones, de recursos ajenos -dotación, subvenciones y donaciones- sin que apenas se disponga de dispositivos de control internos ni externos. De ahí la necesidad de diseñar nuevos mecanismos legales, propios del derecho administrativo, como serían las medidas de control, inspección y sanción, que permitan al Protectorado una intervención más ágil, con la que hacer frente a posibles incumplimientos
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