El Juez de Ejecución tiene amplísima discrecionalidad para tomar cualquier medida con fines de vigilancia y control. Esta amplitud permite al mencionado juez una serie de actividades relacionadas con el control que representan diversidad de problemas, que en ocasiones ha dado origen a conflictos con la administración pero, en razón de que en la cárcel no hay nada que no sea régimen y tratamiento, la competencia de Juez de Ejecución debe abarcar todos estos aspectos y la administración penitenciaria debe estar bajo la dirección del Juez. Se observa que la ley coloca limitaciones a las facultades del Juez tal es el caso del requisito del informe favorable de los técnicos para acordar ciertas medidas que modifican la pena privativa de libertad, dejando en manos de la administración la decisión de otorgarla o no, deslegitimando, así criterios del garantismo penal.
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