La normativa de prevención del blanqueo de capitales ofrece un alto grado de protección a los sujetos obligados frente a terceros respecto de la información confidencial que se contenga en las comunicaciones realizadas. Sin embargo, la exención de responsabilidad no tiene un carácter absoluto, activándose cuando el traslado se produzca en las condiciones y con los requisitos previstos en la normativa.
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