La nueva Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo aborda la regulación de los patrimonios públicos de suelo sustituyendo la regulación vigente hasta el momento. Desde su consideración de los mismos como patrimonio separado y formado por bienes indefectiblemente vinculados al cumplimiento de unos determinados fines diseña su regulación en línea con la tradición legislativa anterior, si bien pretende reforzar la importancia de estos patrimonios como instrumentos de intervención pública en materia de suelo, de modo coherente también con lo dispuesto en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas respecto de los bienes patrimoniales
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