Para los estudiosos de la historia forestal las Ordenanzas de Montes y Plantíos de 7 de diciembre de 1748 son una referencia obligada ya que supusieron un primer intento efectivo de control estable y centralizado de los montes de los alrededores de la corte, apoyándose en las estructuras de gobierno existentes en el siglo XVIII. No es tan bien conocida, sin embargo, la documentación derivada de tales ordenanzas, cuales son las Certificaciones de montes y plantíos, en las que los pueblos informaban acerca de los trabajos realizados cada año en sus montes, los patrimonios públicos de cada población, su vecindario, el estado del arbolado, el grado de cumplimiento de las Ordenanzas, etc. De la confrontación entre lo que previene el texto de las referidas Ordenanzas, lo que informan los encargados de hacerla cumplir y las certificaciones que enviaban los pueblos, se deduce que no tuvo el éxito esperado, aunque los documentos que generó permiten, en la actualidad, conocer el estado y gestión de algunos predios públicos durante los siglos XIX y XX. Varias poblaciones de la vertiente segoviana de la sierra de Guadarrama servirán de ejemplo para mostrar la incidencia de esta normativa y para documentar la gestión histórica de algunos montes públicos.
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