La explotación histórica del monte ha supuesto una importante deforestación en Cantabria, aunque el proceso presenta un desigual impacto territorial y fases de diferente intensidad. A mediados del siglo XVIII, cuando la región se convierte en una de las áreas preferentes de abastecimiento de madera para astilleros y fundiciones vinculados a la Corona, se desencadena un gran episodio deforestador: las talas de las décadas centrales de la centuria hacen retroceder rápidamente los bosques, esbozando su actual distribución. Los pueblos, propietarios del monte en común, ven limitadas drásticamente las posibilidades de uso y el aprovechamiento de los bienes que éste proporcionaba. La explotación de la segunda mitad de siglo no sólo compromete la supervivencia del bosque, sino también la satisfacción de las necesidades básicas de hogares, oficios y establecimientos fabriles, lo que genera descontentos y multiplica los conflictos de uso. Esta situación indujo la promulgación de sucesivas disposiciones que, pese a su afán por controlar y racionalizar el uso del monte, garantizando la viabilidad de astilleros y fundiciones, resultaron, en la práctica, de escasa eficacia.
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