La apropiación de derechos privados sobre el uso del agua se debe a factores de tipo histórico y económico, siendo delimitados y reconocidos tras la aplicación de la legislación vigente a finales del siglo XX. La comprensión de las consecuencias sociales y económicas que se derivan permite establecer marcos de referencia globales para el enjuiciamiento del problema ambiental que se plantea en territorios con problemas de desarrollo agrario sostenible, tal y como ha ocurrido con la cuenca alta del Guadiana
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