La impunidad constituye uno de los grandes problemas sociales, más aún en Venezuela, donde se busca reivindicar aquellos mecanismos de participación que fueron execrados de la vida pública. Precisamente, el delito de enriquecimiento ilícito, contemplado en la Ley contra la Corrupción, resulta ser uno de los tipos delictivos de mayor rechazo por el conglomerado social, por afectar aportes de las personas para la prestación de los servicios públicos. Sin embargo, las aspiraciones de justicia, no pueden llevar ni a la Ley, ni a los órganos encargados de determinar responsabilidades, a vulnerar derechos fundamentales de los justiciables. Resulta esencial el respeto del debido proceso y el principio de inocencia, evitando que otros flagelos ingresen a la visión social.
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