Las medidas adoptadas por la Ley 41/2003, buscan mejorar el bienestar general de estas personas y garantizar su protección en todos los aspectos vitales, esencialmente el patrimonial. Ahora bien, la regulación contenida en esta ley, resulta, en muchas ocasiones, insuficiente por ineficaz, especialmente cuando el sujeto facultado para exigir es persona mayor con sus facultades minoradas.
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