La sentencia comentada aborda la cuestión de la naturaleza jurídica de las Federaciones deportivas calificándolas de asociaciones privadas que por mandato de la Ley ejercen funciones públicas de carácter administrativo relativas a un sector de la vida social. Por ello quedan fuera de la Ley Orgánica reguladora del derecho de asociación, y por ello están justificadas las diferentes reglas de tutela y control dictadas por el Poder Público en relación con las mismas.
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