El mantenimiento del statu quo no puede ser el único logro de las iniciativas de la UE hacia los países del sur del Mediterráneo. De nada sirve contar con un canal de diálogo si los europeos no lo utilizan para promover reformas que beneficien a los ciudadanos.
Según la vara de medir que se utilice, el balance de casi 40 años de relaciones euro-mediterráneas �desde la aprobación de la Política Global Mediterránea (PGM), en 1972� presenta dos imágenes completamente distintas. Para quienes lo importante es que la Unión Europea disponga de permanentes canales de diálogo bilateral y multilateral con la mayoría de los vecinos del sur y este del Mediterráneo, la lectura tiende a ser imperturbablemente positiva. Por el contrario, para quienes fijan su atención en hechos tan recientes como la cancelación de la Cumbre de la Unión por el Mediterráneo (UpM, 2008) �que debería haber tenido lugar en Barcelona el 7 de junio� o la falta de reacción comunitaria efectiva ante el nuevo ejercicio de violencia de Israel contra la llamada �Flotilla de la Libertad� (31 de mayo), el juicio no puede ser más negativo.
En un intento por escapar de los extremos, es justo reconocer que el camino que va desde la PGM hasta la UpM, pasando por la Política Mediterránea Renovada (PMR, 1992), la Asociación Euro-mediterránea (Proceso de Barcelona, 1995) y la Política Europea de Vecindad (PEV, 2004), ha permitido preservar el bien más preciado por todos los gobiernos del área: la estabilidad. Con los matices que distinguen a cada uno de ellos, todos esos instrumentos han estado más orientados a la defensa de un orden establecido por los países europeos �que satisface en gran medida los intereses de los regímenes de la ribera sur y este� que al desarrollo o bienestar de los ciudadanos. El mantenimiento del statu quo es, desde hace décadas, la variable a la que se subordinan todas las demás. En función de ese planteamiento, la realidad demuestra que ni la democracia, ni los derechos humanos, ni el desarrollo humano son valores absolutos, sino únicamente elementos prestos a ser relegados en cuanto la realpolitik impone su dictado.
El problema principal de esa visión autocomplaciente es doble. Por una parte, porque no asume que la existencia de un canal de diálogo no es un fin en sí mismo, sino únicamente un medio para promover la defensa de determinados intereses y la mejora de la situación regional, hasta convertir en realidad la propuesta formulada en 1995 en Barcelona de crear un espacio euro-mediterráneo de paz y prosperidad compartidas.
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