Las empresas de participación de los trabajadores (cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales) cumplen objetivos económicos y sociales valorados por la Constitución española y por el Derecho comunitario que justificarían un tratamiento fiscal más ajustado a sus especialidades y que tuviera en cuenta los hándicaps que provoca su estructura y organización, así como su carácter de pequeña empresa. El tratamiento fiscal actual no parece, sin embargo, acomodarse a estos criterios. En el trabajo se apuntan los parámetros constitucionales y comunitarios en los que podría fundamentarse un cambio de dicho tratamiento.
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