Un gobierno neoliberal acuciado por los compromisos para implementar el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos que se ve obligado a publicar leyes a discreción que lo enfrentan a las comunidades indígenas y nativas protegidas por normas internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el convenio 169 de la Organización Internacional de los Trabajadores (OIT) se ha visto forzado a la derogación de los principales decretos cuestionados por los propios indígenas, la Defensoría del Pueblo Peruano y la Comisión Multipartidaria del Congreso de la nación.
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