Recientes defraudaciones que afectaron a una gran masa de ciudadanos motivaron al Gobierno a dictar normas al amparo de la emergencia social, con las que se modificó el Código Penal colombiano, con el propósito de sancionar severamente a los captadores ilícitos de recursos. Son evidentes la improvisación legislativa en materia de delitos financieros y la total ausencia de política criminal en este tema.
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