La concepción social y jurídica de la familia en nuestro país está evolucionando en un sentido que pone en cuestión las premisas de género sobre las que se asienta la familia nuclear moderna. Dicha evolución tiene como trasfondo la constitucionalización del principio de igualdad y de la obligación de los poderes públicos de perseguirla activamente, así como la desvinculación de la protección constitucional de familia y matrimonio. Aunque en principio nuestros operadores jurídicos asumen este marco constitucional, no siempre hacen valer con coherencia su potencial transformador de la familia y de las relaciones entre los sexos dentro de ella. Este artículo defiende la importancia de asumir dicho potencial frente a las inercias que perpetúan la construcción moderna del género.
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