La reforma operada en el Código Penal por la LO 5/2010 ha introducido la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La doctrina penal discute vivamente si el sistema del Código Penal es un puro modelo de transferencia, en el que la responsabilidad de personas naturales determina, automáticamente, la de la persona jurídica o, por el contrario, la persona jurídica responde por un hecho propio, que, por tanto, va a obligar a las empresas a poner en marcha o regirse por códigos de buena conducta corporativa.
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