Japón cumplió ya su mayoría de edad. Para su primer ministro, Shinzo Abe, y para muchos políticos del mainstream, ello significa que ha llegado la hora de que el país se convierta de nuevo en un actor cada vez más proactivo en el ámbito no solamente económico sino también político y diplomático. Por ello, la política exterior japonesa, tradicionalmente anclada en los principios subyacentes de su Constitución pacifista, está experimentando los cambios más profundos desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Para una parte de la sociedad, el nuevo orden de Posguerra Fría plantea unos retos y unas amenazas a su seguridad que hacen necesario que se acometa la más importante de las reformas del sistema: la reforma de la Constitución del 1947.
Gracias a la enmienda del artículo 9 de la Constitución referente a la prohibición de poseer cualquier tipo de ejército Japón podría jugar un papel más destacado en las estructuras de seguridad internacional. Por su parte, su principal aliado, los Estados Unidos, desean que Japón se dote de un poderoso ejército que pueda contribuir a la seguridad del Este asiático, y que sea capaz de contribuir en la particular cruzada norteamericana contra el terrorismo internacional y los Estados que le dan cobertura. En un período breve de tiempo, la acción del nuevo Gabinete de Abe nos aportará los elementos explicativos necesarios para determinar si la remilitarización de Japón debe entenderse como una amenaza o más bien como una contribución a la paz y seguridad internacional.
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