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El visitador Lorenzo Santos de San Pedro y La Real Audiencia de Canarias

  • Autores: María Dolores Álamo Martell
  • Localización: Anuario de Estudios Atlánticos, ISSN 0570-4065, Nº. 57, 2011, págs. 251-276
  • Idioma: español
  • Títulos paralelos:
    • The Judge-Inspector Lorenzo Santos de San Pedro and the Royal Court of the Canary Islands
  • Enlaces
  • Resumen
    • español

      Para garantizar que los agentes reales cumplieran bien sus funciones en los territorios de la Corona, la monarquía española utilizó dos mecanismos procesales de fiscalización: el juicio de residencia –practicado al concluir el cargo– y la visita, realizada en cualquier momento ante denuncias remitidas a la Corte por excesos de los agentes. De las 13 visitas practicadas en Canarias entre 1531 y 1714, abordamos la del comisionado real Santos de San Pedro en 1667. Su exhaustivo expediente de instrucción detalló el crispado escenario de conflictos jurisdiccionales entre las instituciones más relevantes objeto de inspección. Consecuentemente, las sentencias dictadas por el Consejo de Castilla confirmaron la mayor parte de los cargos presentados por el visitador, y pese a que los resultados de su ejecución fueron fugaces, debido a nuevas controversias entre las autoridades, lograron el ansiado equilibrio institucional.

    • English

      In order to guarantee that crown agents performed their tasks appropriately in areas under crown control, the Spanish monarchy used two trial proceedings: the juicio de residencia (judgement of residence), carried out when the commission ended, and the visita (inspection), conducted at any time as a result of reports sent to the Crown concerning abuses committed by crown agents. Of the 13 inspections in the Canaries from 1531 to 1714, this study concerns the inspection by royal commissioner Santos de San Pedro in 1667. His extensive preliminary proceedings detailed the tense environment of legal conflicts among the more important public institutions under inspection. Consequently, the sentences passed by the Council of Castille ratified most of the charges presented by the inspector. Although the consequences of the sentences awarded were fleeting, due to renewed controversies among the autho-rities, they achieved the longed-for harmony between public institutions.


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