En este trabajo se estudia el concepto de «violencia sexual», utilizado por el Legislador penal español para cualificar el delito de producción y distribución de pornografía infantil. Se hace referencia a la doctrina científica, los Tratados Internacionales, y la posición de la Fiscalía del Tribunal Supremo, y se comenta especialmente la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 2011, que se ha ocupado por primera vez de esta cuestión.
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